Contribuir en la reducción de los niveles de exclusión social generados por las barreras culturales, legales e institucionales presentes en el sistema jurídico colombiano, en cuanto al efectivo acceso a la justicia de la población; en particular la población cartagenera en condición de pobreza extrema con enfoque diferencial, afro, indígenas, migrantes, niños, jóvenes y mujeres.